El presidente de Grecia, George Papendreou ha vuelto a retorcer las cuentas públicas en respuesta a las exigencias de la Unión Europea, que le pedía un plan convincente para reducir su déficit.
El plan del ejecutivo socialista pretende recortar su déficit en 4.800 millones de euros adicionales y lo hará tanto por la vía de los ingresos, como por la de los gastos. Los funcionarios vuelven a salir mal parados del plan del plan del gobierno que ya ha anunciado que reducirá en un 30% las tres pagas extraordinarias que reciben en periodos vacacionales. El gobierno, además, ha propuesto la congelación de las pensiones.
Unas medidas que no cuentan, ni de lejos, con el apoyo popular de los griegos, que ya han anunciado que preparan una nueva jornada de huelga general para protestar por esta medida. No se trata del primer paro de los trabajadores del país, que ya pararon el 24 de febrero.
Por el lado de los ingresos, los griegos se van a enfrentar a una subida de algunos impuestos como los que gravan el alcohol y los bienes de lujo. También elevará el IVA hasta el 21%
El dirigente ha reconocido que se trata de una medida “difícil”, pero “necesaria”. Según algunas agencias de noticias, el ejecutivo ha avisado de que si la Unión Europea no les ayuda en esta tarea no descartan pedir la intervención del Fondo Monetario Internacional.
Este nuevo plan se conoce dos días antes de que Papandreou se reúna con la canciller alemana Angela Merkel y 4 días antes de su encuentro con el presidente francés, Nicolás Sarkozy. Tanto Merkel como Sarkozy son los líderes que han impulsado la iniciativa europea para ayudar a Grecia a reducir su déficit, que a finales del año pasado rozaba el 13% de su PIB.
Según las agencias de noticias, entre los planes que podría estar estudiando la Unión Europea (fundamentalmente Francia y Alemania) es que algunas entidades estatales compren algunas emisiones de bonos griegos en cantidades que podrían rondar los 25.000 millones de euros. Entre abril y mayo de este año, el estado heleno tiene que hacer frente al vencimiento de bonos por un total de unos 20.000 millones de euros.
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