Cuando desde el extranjero se analiza España, los expertos se suelen centrar más en los males que compartimos con los PIIG: déficit, paro y demás sospechosos habituales. Sin embargo, a menudo estos analistas no tienen en cuenta un problema que, si el país no encara, podría terminar hiriendo de gravedad nuestro sistema bancario: las cajas.
Es normal que pasen de puntillas por este tema; el sistema financiero español no es fácil de entender. Al margen de los bancos, nuestra banca cuenta con una curiosa figura propia llamada Caja de Ahorros. Estas instituciones financieras tienen un funcionamiento similar al de los bancos, pero no rinden cuentas a sus propietarios, sino que dedican todo su beneficio a la acción social.
Este filantrópico concepto de banco nació en el siglo XIX como una alternativa para dotar de fondos a la clase trabajadora. Sin embargo, esta bella idea esconde un problema: si no hay ningún accionista a quien retribuir, tampoco nadie presionará a sus directivos para que maximicen el beneficio. Además, como la prioridad era la obra social y no la gestión eficiente, sus consejos de administración se poblaron de miembros eclesiásticos y políticos locales, que quizá sean gestores brillantes, pero a priori no parecen tener el conocimiento necesario para gestionar un banco. Nuestras peores sospechas sobre una mala gestión se confirman al echar la vista atrás y ver en perspectiva el desarrollo operativo del sector en los últimos años.
Hay ejemplos que pueden parecer de locos, y lo son. Sin ir más lejos, Caja Castilla La Mancha financió la construcción del aeropuerto de Ciudad Real, una localidad de 74.000 habitantes. Este aspecto presentaba al poco tiempo de ser inaugurado:
Foto: Luís Mayoral
¿Ven ustedes mucho ajetreo? Nosotros tampoco. De hecho, la irracionalidad del proyecto se evidenció rápidamente cuando a los pocos meses de arrancar entró en concurso de acreedores. El aeropuerto acabó debiéndole a Caja Castilla La Mancha 174 millones de euros, cuando en ese momento el total de activos de la caja era de 25 millones. Y todo esto ocurrió porque el gobierno local que promovía el proyecto (por motivos puramente electorales) estaba en la junta de administración de la caja: es como darle una cerilla a un pirómano.
Situaciones similares se repitieron por todo el territorio español. Estas actuaciones discutibles provocaron que las cajas no diversificaran sus inversiones ni controlasen el riesgo de una exposición geográfica totalmente regional –a fin de cuentas, a los políticos lo único que les interesaba eran los votantes de su localidad–. Y entonces llegó la crisis para hacer todo esto bien visible.
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El gráfico muestra la evolución del precio de la vivienda en España en los últimos años. Los precios han caído y seguirán cayendo: las instituciones financieras aún no han actualizado los precios de las viviendas que poseen en sus balances para evitar tener que dotarse de más provisiones. Tanto las cajas como los bancos evitan poner en el mercado las viviendas que tienen en stock, e intentan así contener el precio y evitar caídas aún mayores. Sin embargo, tarde o temprano tendrán que poner en venta sus pisos, y ese momento se acerca cada vez más a medida que a la banca se le exige un mayor capital asegurado.
Cuando el Banco de España se dio cuenta de lo que se avecinaba, obligó a las cajas a fusionarse. Al mismo tiempo creó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), cuya misión era recapitalizar aquellas cajas en apuros, al tiempo que imponía medidas para su limpieza. A pesar de las medidas, estas pequeñas fusiones no fueron suficientes y las propias cajas se vieron obligadas a olvidar la filantropía. En otras palabras, se convirtieron en bancos. No tenían otro remedio. De no hacerlo, ¿quién hubiera invertido en una institución que no busca maximizar su beneficio?
De este modo, las cajas se refundaron en nuevos bancos, siendo en esencia un conjunto de “bancos malos”. Puede parecer que esto no soluciona el problema sino que lo “agranda”, pero no es así. Estas fusiones han permitido reducir el riesgo moral al pasar las cajas a regirse por otras normativas y a diversificarse más al unir sus carteras de negocio.
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Sin embargo, ninguna medida será efectiva hasta que el gobierno español recupere la confianza perdida y la situación de la vivienda en España también mejore. Y no tendremos más claridad en este sentido hasta que pasen las elecciones del 20 de noviembre.
Más allá de las elecciones nos espera un futuro incierto para todo el sector y en especial para las cajas. Las nuevas medidas de Basilea III pondrán aún en mayores aprietos a unas cajas que no parten de una situación idílica, precisamente. Además, la Unión Europea echa más leña al fuego y pretende aumentar los requerimientos de capital de la banca, lo que obligará a los principales bancos españoles a aumentar su capital en 26.200 millones más de euros.
En este contexto, ¿qué alternativa tienen las cajas? ¿Serán capaces de obtener recursos en el mismo ring de boxeo que los bancos? Además, ¿qué ocurrirá cuando todo el sector financiero deba actualizar el precio de sus stocks de vivienda? ¿Podrán estas nuevas entidades ganarse la confianza de los ahorradores?
Es difícil responder estas preguntas. Sin duda alguna, hasta que las nuevas cajas no solucionen su lastre inmobiliario y demuestren ser capaces de competir de tú a tú con el resto de bancos, estarán a merced de los vaivenes económicos españoles. Hará falta que tanto el sector público como los órganos directivos de las cajas estén listos para encontrar soluciones, ya que de otro modo podrían ser la gota que colma el vaso de la ya dudosa e inestable recuperación española. Y quien dice española, dice europea.
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